1. Reflexión general.
En el panorama actual y con la avanzada incursión de las TICs en nuestra sociedad, se plantean retos a la hora de diseñar y crear procesos de E-A eficaces para estudiantes que, no solo deben adquirir y gestionar conocimiento, sino que también deben participar en su creación (Bereiter-Scardamalia, citado por Grau, 2005, pág. 16).
Por ello, es preciso anticipar las exigencias formativas de los ciudadanos, proveerlos con competencias y actitudes que los ayuden a desenvolverse en el presente, pero sin descuidar los aspectos que harán de ellos unos ciudadanos competentes en el mañana.
En este sentido, es responsabilidad de los gobiernos y sus sistemas educativos, la promoción y el fomento de buenas prácticas a través de políticas que produzcan estrategias, infraestructuras y marcos reguladores acertados y que conduzcan a la creación de una sociedad homogénea, igualitaria y ampliamente desarrollada, acorde a los avances científicos y tecnológicos del momento. Del cumplimiento de esta responsabilidad depende la capacidad de intervenir, participar, colaborar y convivir de los individuos, con respeto y compromiso, en una sociedad más equitativa, más justa y, en consecuencia, más libre.
2. Políticas de futuro en los sectores no universitarios.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto sobre la necesidad que tenemos como sociedad de mantener unos estándares de calidad educativa y, a pesar de que esta calidad deba ser perseguida y promovida a nivel global, me parecen los ámbitos no universitarios los que, hoy en día, quizás merezcan más atención por varios motivos:
- En España, la Educación Primaria está dirigida a facilitar aprendizajes básicos (lectura, escritura, cálculo, cultura, convivencia, etc.) y es la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la que pretende:
…lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarlos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
(RD 1105/2014, Cap. II, Art.10, punto 1).
- En España el 41, 7% de hombres y el 35,7% de las mujeres de entre 25 y 64 años tienen un nivel medio de formación 0-2 (correspondientes a la primera etapa de la Educación Secundaria o inferior), según datos del INE para 2019. En la UE-28 para los mismos niveles educativos y el mismo año los porcentajes son de un 21,8% de hombres y un 20,8% de mujeres (INE, 2019a).
- Según datos de Eurostat para 2019, a nivel de población general solo el 57% de los ciudadanos españoles poseen competencias digitales básicas o superiores a éstas. Este porcentaje se reduce hasta el 30% entre el grupo de ciudadanos sin educación o con bajo nivel educativo, y, sin embargo, sube al 64% entre los que poseen educación de nivel medio y al 84% entre los del nivel superior. Si analizamos estas destrezas entre los estudiantes, el 94% de ellos las posee y, al igual que sucede con el nivel educativo, el porcentaje también guarda relación con la empleabilidad de los sujetos: sube al 68% entre los ciudadanos con empleo y se reduce al 48% entre los desempleados.
Con estos datos como referencia, podemos destacar dos cuestiones. La primera, que los niveles educativos inferiores son básicos para asegurar unos mínimos en cuanto a competencias digitales dentro de una población y, la segunda, que los ciudadanos que no han alcanzado estas destrezas mínimas son aquellos que ya están fuera del sistema educativo.
Las políticas públicas para la digitalización y modernización de la sociedad centran su mayor esfuerzo en las etapas educativas obligatorias y lo hacen, básicamente, a través de la financiación para la mejora de sus infraestructuras (equipos y conexiones). Comienza a hacerse más hincapié en la creación de un marco común europeo de contenidos para la competencia digital, de certificados oficiales de competencias y en la formación de los docentes para que puedan acreditarlas (INTEF, 2017), pero a pesar de estas buenas intenciones “se detecta que las propuestas carecen de un enfoque pedagógico que sirva de base teórica de los mismos” y “existe mucho por hacer en cuanto a la formación del profesorado en materia TIC, siendo necesario facilitarles estrategias para el desarrollo de esta en sus estudiantes” (Colás-Bravo et al., 2019).
Sin embargo, no existe una promoción del e-learning propiamente dicha en estos niveles y la política actual simplemente facilita los medios (humanos y materiales) para la adquisición de las competencias necesarias para que los ciudadanos tengan la oportunidad de optar a este tipo de enseñanza-aprendizaje en niveles educativos superiores formales o en otros no formales. Es más, bajo la normativa actual existe un claro impedimento a la hora de crear formación reglada online ya que esta solo la contempla si el centro ya ofrece formación presencial, lo cual, aparte de ser ridículo, se queda completamente anticuado en la era digital que vivimos.
Desde el sector público y en el ámbito de la educación no formal, al margen de las iniciativas para la formación para el empleo de la SEPE, FUNDEU y similares (tanto para ciudadanos desempleados como para empleados) que contemplan un catálogo de formación online, son pocas las iniciativas que involucren el e- learning como tal. Al igual que ocurre en la educación formal, se hace una financiación para la digitalización, principalmente a través de las administraciones autonómicas en acuerdos y convenios con sociedades de empresas, PYMES y autónomos, y son éstos quienes deciden en qué invertir esos fondos. El resultado suele ser, de nuevo, una inversión en infraestructuras y servicios relacionados con las TICs y mucho menor en formación. Según datos de los Gastos TIC de la Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2018-2019 del INE (INE, 2019b), las empresas invirtieron más de 3.200.000 € en bienes TIC, casi 4.200.000 € en software, casi 5.000.000 € en servicios TIC y, únicamente 1.500.000 en otros gastos TIC entre los que se incluye la formación. Los datos de Especialistas y perfiles TIC de la misma encuesta (INE, 2019c; INE, 2019d), reflejan que solo el 22,4% de las medianas y grandes empresas (más de 10 trabajadores) y el 3,85% de las pequeñas empresas y microempresas (con menos de 10 trabajadores) proporcionan formación en TICs a sus empleados.
A pesar de estos datos, las iniciativas y cursos en el ámbito empresarial y de la formación continuada comienzan a proliferar, llenando esa brecha que ha dejado el sistema educativo en generaciones previas y en sectores poblacionales que tradicionalmente han tenido menos acceso a la educación y las TICs.
Por otro lado, cabe señalar que la motivación de las empresas para participar o promover estas iniciativas casi nunca es altruista. De la formación de sus trabajadores obtienen (como mínimo) un beneficio económico indirecto gracias al aumento de su productividad, efectividad y rendimiento y, en el mejor de los casos, un beneficio económico directo si reciben algún tipo de subvención o si el pago de la formación corre a cuenta de los trabajadores o de otros usuarios externos.
Esta mercantilización de la educación que ya proliferaba en los últimos años se hace ahora más evidente con la crisis provocada por el Covid-19. El creciente protagonismo de empresas privadas (Google, Microsoft) en el sector educativo abre un debate sobre la capacidad de éstas para modificar la concepción de la educación como bien público y si éstas ofrendas que han hecho en tiempos pandémicos para ayudar a adaptar los procesos de E-A a modelos de e-learning o blended learning será capitalizado en un futuro, provocando una mayor privatización del sector (Williamson y Hogan, 2020).
Parece ser que la Industria de la Educación Global crece más cada día y que, con el pretexto de la digitalización y la ubicuidad del e-learning, cada vez proliferan más las empresas de edu-marketing e, incluso, las empresas financieras ejercen cada vez más su presencia en el ámbito de la educación, provocando una disminución del control democrático de la educación y un aumento de la desigualdad (Verger, 2016), que son justamente premisas contrarias y opuestas a las que en un inicio se promulgan con la inclusión de las TICs en la educación.
Por todo lo anteriormente expuesto, las futuras políticas públicas para la promoción del e-learning deben estar encaminadas a garantizar que los fondos y los esfuerzos lleguen al que debe ser su primer beneficiario: el usuario. Estudiantes de todos los niveles y trabajadores de todos los sectores deben tener acceso a esas infraestructuras en las que se invierte y conseguir las competencias digitales que no poseen y que les dejan fuera del mercado laboral o los encasilla en trabajos sin posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. Bajo mi punto de vista, las políticas públicas deben financiar más el conocimiento y la formación de los docentes y el desarrollo de estrategias y metodologías eficaces basadas en TICs y amparadas por la investigación educativa, en lugar de engrosar la lista de equipamiento de las instituciones y empresas.
Promover mejoras digitales en infraestructuras solo añade un valor que es inerte, ya que no es garantía de calidad sin el valor añadido que aporta la inversión en sus componentes humanos.
Referencias y bibliografía utilizada.
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